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La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizó la extradición de Deivis José González Pérez, solicitada ante España, por el presunto desfalco de 35 millones de dólares a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

De acuerdo con la sentencia N° 301 publicada el 6 de junio en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, González Pérez, exgerente de Pdvsa, habría cancelado 40 lanchas que nunca fueron entregadas a la petrolera estatal.

Según la decisión, los acontecimientos que llevaron a González Pérez a ser procesado penalmente ocurrieron en diciembre de 2012, durante su periodo como gerente de Operaciones Acuáticas en Pdvsa-Occidente.

En ese momento, firmó un contrato de forma directa con la empresa St. Johns Shinp Building S.A. de Panamá para comprar 40 lanchas por un monto total de 44.297.490,80 dólares, con un costo individual de $1.107.437,27 por cada embarcación.

Irregularidades

La investigación descubrió irregularidades en la gestión del contrato, ya que los pagos se realizaron como anticipos sin estar contemplado en el contrato original, lo que resultó en pagos millonarios sin las garantías necesarias, de acuerdo al informe presentado.

A pesar de que el contrato con la empresa finalizó y se cuenta con una fianza de cumplimiento del 100% del monto del convenio, el TSJ señala esta no se puede utilizar debido a que no cumple con los requisitos establecidos en el contrato principal, lo que impide al Estado recuperar lo pagado.

Según la sentencia, después de cancelarse el pago, las lanchas no fueron entregadas, lo que resultó en un daño patrimonial estimado en $35.437.992,64 al Estado venezolano a través de Petróleos de Venezuela.

El Tribunal 8° de Control del Zulia emitió una orden de aprehensión contra González Pérez el 30 de abril de 2015 por presunta participación en peculado doloso propio y asociación ilícita.

En mayo pasado, España notificó a Venezuela sobre la detención de González Pérez en Madrid, quien tenía una alerta roja de Interpol. La Sala Penal revisó el expediente y determinó que se cumplían los requisitos para proceder con la extradición del individuo.

La Sala señaló que tanto Venezuela como España son partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, lo que refuerza la cooperación en casos de corrupción transnacional.

 

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