Análisis forense determinará si colapsos estructurales obedecieron a la fuerza del sismo o a fallas de construcción, dijo  presidente de la Asamblea Nacional del CIV, Ing. Félix Ojeda Oropeza.

A poco más de un mes de los eventos sísmicos registrados el pasado 24 de junio, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) continúa desplegado en todo el país, realizando diagnósticos e inspecciones técnicas en las estructuras afectadas

La información la dio hoy el presidente de la Asamblea Nacional de Representantes del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Ing. Félix. Ojeda Oropeza, quien destacó la función del ente gremial como guardián del interés público y asesor del Estado en materias de su competencia, trabajando conjuntamente con la Comisión Presidencial para la Evaluación de la Habitabilidad de Infraestructuras y otros organismos.

«Nuestra prioridad ha sido evaluar las edificaciones de forma inmediata mediante inspecciones visuales para garantizar el fin último: la seguridad física e integridad de las personas», destacó el Ing. Ojeda Oropeza.

Consultado sobre los desplomes estructurales en edificaciones públicas y privadas en distintas zonas como Caracas y el Estado La Guaira, el presidente de la Asamblea Nacional del CIV precisó que un evento sísmico con estas características, cuenta con variables de aceleración y cercanía de epicentro poco usuales. Sin embargo, enfatizó que solo la ingeniería forense y el peritaje técnico avanzado permitirán arrojar con rigurosidad la verdad sobre lo ocurrido:

“Mediante el estudio minucioso con una evaluación científica de los escombros y las estructuras que permanecen en pie, los ingenieros civiles especialistas en estructuras y patología de la construcción determinarán si los colapsos se debieron a la magnitud extraordinaria de la naturaleza o si existieron fallas de diseño, materiales o incumplimiento de normativas sísmicas”.

El Ing. Ojeda Oropeza se refirió de seguidas a la toma de decisiones futuras, y expresó: «Esta nueva fase de peritaje servirá de insumo para que las autoridades competentes definan qué edificaciones deberán ser sometidas a reforzamientos/reparaciones y cuáles tendrán que ir a un proceso definitivo de demolición.

Ante la incertidumbre que genera en gran parte de la población el sistema de demarcaciones de seguridad en inmuebles conocido como «semáforo»,  el Ing. Ojeda Oropeza hizo un llamado a la calma a la ciudadanía: La etiqueta roja no es sinónimo automático de demolición. Su colocación responde a una medida preventiva por la presencia de algún elemento de riesgo (como mampostería inclinada o paredes con peligro de caída) o por la proximidad a otra estructura dañada.

Aclaró que los profesionales del CIV se encargan exclusivamente de realizar la inspección y levantar el informe técnico. La colocación formal de las calcomanías informativas (roja, amarilla o verde) recae sobre Protección Civil y los organismos oficiales designados.

En cuanto a la disposición del material retirado de las zonas afectadas, el vocero del CIV subrayó la imperiosa necesidad de aplicar protocolos ambientales y urbanos estrictos.

Explicó que materiales como el concreto pueden ser procesados y reciclados para su uso en relleno de terrenos o como agregado de vialidad, evitando generar daños colaterales al medio ambiente. Hizo hincapié en que se deben separar los desechos reciclables de aquellos peligrosos que exigen una disposición final en rellenos sanitarios controlados.

Resaltó luego la movilización de más de 8.000 profesionales y técnicos, entre ingenieros, arquitectos, TSU en construcción civil y estudiantes de últimos años que recibieron inducción sobre los protocolos de inspección rápida.

Finalmente, informó que las personas o comunidades que requieran una inspección técnica preventiva en sus inmuebles o viviendas unifamiliares pueden canalizar sus solicitudes a través de los enlaces oficiales y la plataforma «Sismo Ayuda» del Colegio de Ingenieros de Venezuela.