Noboa declaró estado de excepción en diez provincias de Ecuador ante la radicalización de las protestas indígenas
El presidente ordenó acciones urgentes para frenar bloqueos y agresiones a policías y militares durante la crisis social
por INFOBAE
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró un nuevo estado de excepción en diez de las veinticuatro provincias del país ante una grave conmoción interna derivada de las protestas indígenas desatadas por el alza en el precio del diésel. La medida, anunciada este sábado mediante un decreto ejecutivo firmado por Noboa en la noche, se dirige a contener el aumento de la violencia en las movilizaciones y frenar su expansión, según el mandatario.
El decreto afecta a las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, y busca evitar una mayor afectación a la población, atribuyendo el estado de excepción a la radicalización progresiva de las protestas. La restricción incluye la suspensión del derecho a la libertad de reunión durante las 24 horas, lo que limita la conformación de aglomeraciones que puedan paralizar servicios públicos, pero permite protestas pacíficas que no afecten los derechos de terceros.
Noboa sostuvo que durante las manifestaciones “violentas” han sido agredidos policías y militares y aseguró que algunos agentes “han sido secuestrados y vejados en su integridad”, según consta en el decreto ejecutivo. El presidente también ordenó la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hacia las provincias bajo excepción, con el objetivo de proteger la vida e integridad de los ciudadanos y garantizar la libre circulación y el desarrollo de actividades económicas.
La decisión se conoce tras la anulación este viernes, por parte de la Corte Constitucional, del anterior estado de excepción que el Ejecutivo había decretado en cinco de siete provincias tras el inicio de las protestas. El tribunal solo declaró constitucional la medida en las provincias de Carchi e Imbabura, este último considerado como epicentro de las movilizaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Noboa argumentó en su decreto que “se han rebasado los límites del ejercicio legítimo de los derechos a la protesta y resistencia, configurando una alteración grave del orden público que excede las capacidades de control mediante medidas ordinarias”. La vigencia del estado de excepción será de 60 días.
En declaraciones recogidas durante una reunión con comunidades de Chimborazo, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, advirtió a Noboa sobre la posibilidad de radicalizar las protestas y “tomarse Quito” si el Ejecutivo persiste en no atender las demandas del movimiento indígena. “Si el Gobierno no hace caso, vamos a estar convencidos de tomarnos Quito. Ya no podemos seguir aguantando. Ya no podemos seguir soportando”, expresó Vargas.
El dirigente recordó que situaciones similares en 2019 y 2022 provocaron que los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso dieran marcha atrás en la eliminación de subsidios a los combustibles, medida vinculada a compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Vargas enfatizó: “Seguimos con firmeza y condenamos la actitud prepotente del Gobierno de Daniel Noboa. ¡Ya basta! Porque se nos va a acabar la paciencia, señor presidente”.
Las principales exigencias de la Conaie incluyen la restitución del subsidio al diésel, la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 % al 12 %, mayores inversiones en salud y educación y la liberación de doce comuneros detenidos y procesados por terrorismo en el inicio de las protestas. La organización también demanda una “reparación absoluta” para la familia de Efraín Fuerez, fallecido durante una manifestación en Imbabura, cuya muerte la Conaie ha calificado como “crimen de Estado”, señalando que se produjo por disparos de militares.
A diferencia de anteriores gobiernos, el Ejecutivo de Noboa ha reiterado que no negociará la eliminación del subsidio al diésel, justificando que el beneficio ha favorecido principalmente al contrabando y la minería ilegal, no a la población más pobre.
Las protestas, que llevan trece días, han dejado al menos un fallecido, más de ochenta heridos y más de un centenar de detenidos. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han registrado 196 presuntas vulneraciones cometidas en su mayoría por fuerzas de seguridad. Este sábado seguían cerradas siete carreteras en cuatro provincias, reflejando la continuidad del paro nacional convocado por el movimiento indígena.
