La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exigió este martes una investigación “exhaustiva” sobre el caso de Víctor Hugo Quero Navas, con el objetivo de determinar responsabilidades por la “desatención médica”, así como por su “desaparición y posterior ocultamiento”.

La reacción de la organización se produjo luego de que el Ministerio Público (MP) diera a conocer los resultados de la investigación vinculada al caso.

“Es alarmante que el Ministerio Público pretenda hacer pasar un comunicado de pocos párrafos como el resultado definitivo de una investigación real del caso Víctor Quero Navas”, escribió la ONG en su cuenta de X.

Sostuvo que el texto solo podría considerarse válido si se entiende como un “avance preliminar”, ya que, de lo contrario, se estaría ante “un intento de carpetazo que carece del más mínimo rigor”. En ese sentido, afirmó que el pronunciamiento oficial genera más interrogantes que respuestas y que “parece redactado para blindar la opacidad estatal”.

La organización señaló que el comunicado sugiere una causa médica del fallecimiento, pero “evade la responsabilidad penal del Estado”. En este punto, indicó que, si la muerte estuvo relacionada con una condición de salud, debió evaluarse si el detenido “recibió atención médica” adecuada o si existió “omisión de socorro por parte del personal” a cargo de su custodia.

Recordó que, al encontrarse una persona bajo custodia del Estado, este asume la responsabilidad de “garantizar su vida”, por lo que una causa médica no excluye posibles responsabilidades institucionales.

La ONG también cuestionó el período de 16 meses en el que, afirmó, la madre del fallecido buscó información sin obtener respuestas de las autoridades. En ese sentido, señaló que el Ministerio Público “ignora deliberadamente la cadena de responsabilidades de funcionarios de su institución, la Defensoría del Pueblo, el Cicpc, el Poder Judicial y el Ministerio Penitenciario”.

“Ocultar la detención de una persona, negar sus condiciones de reclusión y esconder su fallecimiento es una desaparición forzada cometida por funcionarios públicos que debe ser investigada y sancionada”, prosiguió.

La organización sostuvo además que, al tratarse de una muerte bajo custodia, el Estado “está obligado por el Protocolo de Minnesota a presumir el hecho como potencialmente ilícito e indagar toda la cadena de mandos”.

“No podemos aceptar que se culpe a una enfermedad para sepultar el caso. Exigimos una investigación exhaustiva que rinda cuentas por la desatención médica y que lleve ante la justicia a cada funcionario responsable de la desaparición y el ocultamiento de Víctor Quero”, concluyó.

En contexto

Más temprano, el Ministerio Público informó los resultados de la investigación sobre la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, ocurrida bajo custodia del Estado y reconocida por las autoridades en mayo pasado.

En un comunicado difundido en redes sociales, el organismo señaló que las actuaciones fueron dirigidas por un fiscal nacional con competencia en materia de protección de derechos humanos.

Detalló que el 8 de mayo, un día después de conocerse el fallecimiento, se llevó a cabo la exhumación y posterior necropsia del cuerpo, con la participación del equipo médico forense adscrito a la Dirección de Apoyo a la Investigación Penal del Ministerio Público, junto al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), la Defensoría del Pueblo y familiares de Quero Navas, asistidos por su abogado.

De acuerdo con los resultados, se estableció una data de muerte aproximada de entre 10 meses y un año.

El informe forense indicó que la necropsia, junto con estudios histológicos, toxicológicos y otras experticias complementarias, permitió determinar que la causa del fallecimiento fue un tromboembolismo pulmonar, “sin evidencias de lesiones traumáticas” en el cuerpo. El Ministerio Público agregó que parte de los análisis contó con apoyo de centros de salud privados del país.

Para la identificación del cadáver, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), a solicitud del Ministerio Público y “conforme a parámetros científicos y estadísticos internacionales”, realizó un estudio genético a partir de restos óseos (fémur) y de una muestra de sangre de Carmen Teresa Navas, madre del fallecido, quien murió semanas después de conocer la noticia.

El resultado arrojó una filiación biológica con una probabilidad estadística de 99,496 %, lo que confirmó que los restos correspondían a su hijo.

El Ministerio Público añadió que durante la investigación se recopilaron diversos elementos de convicción, entre ellos inspecciones técnicas, fijaciones fotográficas, actas de entrevistas, levantamientos planimétricos, reconstrucción de los hechos, análisis de registros fílmicos y revisión de historia clínica, entre otros.

El organismo afirmó que todas las diligencias se realizaron conforme a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y bajo los principios que “rigen las investigaciones de muertes potencialmente ilícitas”.

Finalmente, el Ministerio Público reiteró que continuará “velando por el respeto y garantía de los derechos humanos en las cárceles y demás establecimientos de reclusión del país”.