La filtración del video íntimo de Isabella Ladera y Beéle no es un caso aislado en el espectáculo latino. La modelo venezolana, quien describió el hecho como «una de las traiciones más crueles» , se une a una veintena de artistas que en los últimos 15 años enfrentaron la divulgación no consentida de su privacidad, un patrón que afecta desproporcionadamente a mujeres y que often culmina en extorsiones o daños irreparables a sus carreras .

Milett Figueroa, actual pareja de Marcelo Tinelli, vivió en 2015 la difusión de un video sexual grabado sin su autorización por su expareja Alexander Geks. «No le perdono que grabara el video sin mi consentimiento», declaró la modelo, quien pese a inicialmente anunciar acciones legales, desistió para priorizar su salud mental según reveló su hermano Helmut: «No podemos seguir eternamente pagando abogados y que afecte psicológicamente a mi hermana» .

El cantante Ezio Oliva y la conductora Karen Schwarz enfrentaron en 2014 una crisis similar cuando ciberpiratas filtraron un video íntimo del exvocalista de Ádammo. El material fue divulgado por el programa Mil Disculpas, lo que derivó en una condena de la Corte Suprema peruana en 2021 contra el conductor Carlos Cacho y el productor Dany Tsukamoto: tres años de prisión suspendida y 60,000 soles de indemnización por violación a la intimidad . Schwarz, además, reveló intentos de extorsión con otro video no publicado, destacando el trauma emocional que persiste tras estos episodios.

Leslie Shaw, Pierina Carcelén y Sandra Arana completan el trágico mosaico de víctimas. Shaw en 2015 advirtió demandar a cualquier medio que publicara sus fotos robadas: «La violación a la intimidad es un DELITO no una noticia» . Carcelén, cuya intimidad fue vulnerada en 2021 tras un asalto, subrayó cómo estos actos «refuerzan los machismos y la violencia hacia la mujer» . Arana, por su parte, enfrentó en 2019 la circulación de una foto íntima sustraída de sus dispositivos, un caso que evidenció cómo la violación digital trasciende clases sociales y géneros artísticos .

Los mecanismos legales muestran avances pero siguen siendo insuficientes. Edwin Manuel Chaves, abogado consultado por medios, señaló que en Colombia la divulgación no autorizada se persigue bajo el delito de injuria (artículo 220 del Código Penal), con penas de 16 a 54 meses de prisión . Sin embargo, criticó que esta figura «desconoce la gravedad de la violencia de género digital», especialmente en países como Colombia donde aún no existe legislación específica pese a exhortaciones de la Corte Constitucional desde 2022 .

El caso de Isabella Ladera y Beéle reactivó el debate. Mientras los abogados del cantante negaron su participación y anunciaron acciones legales en Colombia y EE.UU. mediante notificaciones DMCA y órdenes de takedown , la modelo recibió el apoyo de su actual pareja, Hugo García, quien públicamente afirmó: «Nada ni nadie cambiará lo que siento por ti» . Una muestra de solidaridad crucial en una industria donde, como demostró el historial de casos, la victimización secundaria often agrava el daño inicial.

Desde los años 2000 con las «prostivedettes» hasta hoy, el patrón repite sus brutalidades. Magaly Medina, condenada en 2004 por difundir videos íntimos de bailarinas, reflexionó años después: «No teníamos por qué mostrar el interior de un cuarto de hotel» . Una mea culpa tardía que no devuelve la dignidad a víctimas como Yesabella o Mónica Adaro, pero que marca un punto de inflexión en la ética mediática.

La lucha, pues, continúa en dos frentes: el legal, para tipificar estos delitos con la severidad que merecen, y el cultural, para desnormalizar el consumo de intimidad robada. Como resumió Pierina Carcelén: «Quienes comparten este contenido son cómplices» . Una verdad que debería resonar cada vez que un nuevo video aparezca en nuestras pantallas.